Publicado en La Opinión de Murcia el 19 de mayo de 2012 a través del Foro Ciudadano

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¿Cómo afectan los recortes en educación a sus hijos?

A lo largo de los dos últimos años la educación pública ha sufrido un recorte de 3.400 millones de euros en sus presupuestos. Con los nuevos recortes anunciados en las últimas semanas (600 millones menos de presupuesto estatal, un 21,9% y 3.000 millones menos de presupuesto autonómico, un 13%), la caída de la inversión en educación va superar los 7.000 millones de euros. Por otra parte, el sistema educativo deberá atender el próximo curso a más de medio millón de alumnos más (320.000 en primaria y secundaria más 200.000 nuevos alumnos universitarios). Esto se traduce en una caída de la inversión por alumno de más del 25% en un periodo de cuatro años.

Posiblemente hayan oído estas semanas en los medios de comunicación multitud de declaraciones de nuestros dirigentes que proclaman que estos recortes no afectarán a la calidad de la enseñanza. La realidad, lamentablemente, es otra. Mi objetivo hoy es explicarles en detalle cómo afectan los recortes a la educación de sus hijos:

• 1. El aumento del 20% en el número de alumnos por clase (de 25 a 30 en primaria y de 30 a 36 en secundaria) supondrá una menor capacidad de atención individualizada a sus hijos, además de una masificación en las aulas que, en los centros construidos desde los años noventa, son de una dimensión considerablemente más reducida que las que conocimos en nuestra etapa de estudiantes. Cada profesor deberá atender entre 30 y 60 alumnos más.
• 2. Las bajas del profesorado no serán cubiertas durante las primeras dos semanas, lo que supondrá que, durante ese tiempo, sus hijos deberán ser atendidos por profesores no especialistas en la materia en cuestión y no podrán seguir avanzando en sus programas.
• 3. Se reducirán o desaparecerán de los centros algunos programas educativos específicos como compensatoria, diversificación o programas de cualificación profesional inicial, destinados a combatir el fracaso escolar y atender a los alumnos con mayores dificultades de aprendizaje como inmigrantes, hijos de familias desestructuradas, discapacitados, etc. Estos alumnos abandonarán el sistema o tendrán que incorporarse al grupo general, dificultando así su proceso de aprendizaje.
• 4. Se reducirán o desaparecerán determinados servicios que venimos prestando los centros educativos, como fisioterapeutas o intérpretes de signos para alumnos sordos, que resultan de vital importancia para garantizar el acceso a la enseñanza en igualdad de oportunidades de algunos de nuestros alumnos.
• 5. Desaparece del plan de creación de escuelas infantiles para menores de tres años.
• 6. La reducción de la plantilla de profesores (unos 3.000 en la Región de Murcia y en torno a 80.000 en el conjunto de España) impedirá ofertar las clases de apoyo o desdoble que muchos de sus hijos reciben actualmente.
• 7. Se recorta en cada centro la oferta de estudios post-obligatorios, al suspenderse la implantación de los nuevos títulos de Formación Profesional y reducirse las modalidades de Bachillerato ofertadas. Muchos alumnos que finalizan la E.S.O. se verán obligados a desplazarse a centros educativos más alejados si desean proseguir sus estudios.
• 8. Reducción drástica de las rutas de transporte escolar, fundamentales para los alumnos de los núcleos de menor población. Los trayectos, más largos, podrán superar el actual límite legal de 60 minutos.
• 9. Los alumnos que el próximo curso se incorporan a la universidad verán como las tasas de matrícula, actualmente en torno a los 1.000 €, subirán hasta los 1.600 €. Este hecho, sumado a la reducción de 166 millones de euros de la cuantía destinada a becas, privará a muchos estudiantes de poder costearse estudios universitarios.
• 10. Se dificulta el acceso a las becas, al aumentar la nota media exigida para que éstas sean concedidas así como el número de asignaturas a superar para poder mantenerlas: se exigirá entre el 85% y el 100% de superación según la titulación, frente al 60%-80% actual. La dotación para becas Erasmus, por su parte, cae de 62,8 a 36,8 millones de euros.

Todos estos recortes se suman a los que venimos ya sufriendo en los últimos dos años, como la desaparición del bono-libro o la reducción de los fondos destinados a los centros, que afectan a cuestiones tan básicas como la calefacción, las fotocopias, los materiales de prácticas o la limpieza.

Comprenderá el lector que haya llegado hasta este punto que los docentes no se están manifestando por tener que trabajar entre dos y cuatro horas más a la semana. Los servicios públicos universales (no solo educación, sino también sanidad o servicios sociales) tienen como objetivo corregir los desequilibrios y dotar de igualdad de oportunidades a toda la ciudadanía. Pero no estamos hablando únicamente de una cuestión de equidad, sino también de eficiencia: el último informe “Panorama de la Educación 2011” de la OCDE recoge que, en España, por cada euro que se invierte en la educación secundaria superior de un joven se obtiene un retorno privado y social de 3,9 euros.

En definitiva, los derechos sociales que hemos conquistado en las últimas décadas, y que no son los causantes de la crisis que nos azota, corren el peligro de desaparecer si no actuamos. Desmantelar la educación pública es un suicidio colectivo que nuestro país pagará durante generaciones. Por este motivo, los trabajadores de la educación pública les pedimos que apoyen, colaboren en la difusión y participen en las actuaciones que se están empezando a desarrollar. Les invitamos a participar en las sesiones de información que se están convocando en sus centros educativos y les animamos a que asistan a las manifestaciones convocadas para el próximo martes 22 de mayo en toda España.

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Nuevo y como siempre magistral artículo del Nobel de Economía Paul Krugman en el diario El País el 2 de octubre de 2011.

Es posible estar aterrorizado y aburrido al mismo tiempo? Así es como me siento respecto a las negociaciones que están teniendo lugar ahora sobre la forma de responder a la crisis económica de Europa, y sospecho que otros observadores comparten este sentimiento.

Por una parte, la situación de Europa es realmente, realmente, alarmante: con países que representan un tercio de la economía de la zona euro sometidos ahora a un ataque especulativo, la existencia misma de la moneda única se ve amenazada; y un fracaso del euro podría causar un daño enorme al mundo.

Por otro lado, los responsables políticos europeos parecen dispuestos a ofrecer más de lo mismo. Probablemente encontrarán un modo de proporcionar más crédito a los países en apuros, que puede que escapen al desastre inminente, o no. Pero no parecen nada dispuestos a admitir un hecho crucial; concretamente, que sin políticas fiscales y monetarias más expansivas en las economías más fuertes de Europa, todos sus intentos de rescate fracasarán.

Esta es la historia hasta la fecha: la introducción del euro en 1999 provocó un enorme incremento de los préstamos a las economías periféricas de Europa, porque los inversores creían (erróneamente) que la moneda compartida hacía que la deuda griega o española fuese igual de segura que la alemana. Contrariamente a lo que se suele oír, este incremento de los préstamos no sirvió en su mayoría para financiar los derroches en el gasto gubernamental; de hecho, España e Irlanda registraban superávits presupuestarios justo antes de la crisis y tenían un grado de endeudamiento bajo. En vez de eso, las entradas de dinero sirvieron principalmente para alimentar un crecimiento enorme del gasto privado, especialmente en vivienda.

Pero cuando el boom de los préstamos terminó de golpe, la consecuencia fue una crisis económica y fiscal. Las recesiones salvajes provocaron un descenso de la recaudación fiscal, lo que esquiló los presupuestos, llevándolos a números rojos; mientras tanto, el coste de los rescates bancarios condujo a un aumento repentino de la deuda pública. Y una de las consecuencias fue el derrumbamiento de la confianza de los inversores en los bonos de los países periféricos.

¿Y ahora, qué? La respuesta de Europa ha sido exigir una estricta austeridad fiscal, especialmente unos recortes drásticos en el gasto público, por parte de unos deudores con problemas, ofreciendo, por otro lado, una financiación provisional hasta que se recupere la confianza de los inversores privados. ¿Puede funcionar esta estrategia?

No para Grecia, que realmente cometió derroches fiscales durante los años de vacas gordas y debe más de lo que es factible que pueda devolver. Probablemente no para Irlanda y Portugal, que por motivos diferentes tienen también unas pesadas cargas de deuda. Pero con un entorno externo favorable -concretamente, una economía europea en general fuerte, con una inflación moderada- es posible que España, que incluso ahora tiene una deuda relativamente baja, e Italia, que tiene un alto nivel de deuda, pero unos déficits sorprendentemente bajos, puedan salir adelante.

Desgraciadamente, los responsables políticos europeos parecen decididos a negar a esos deudores el entorno que necesitan.

Mírenlo de esta forma: la demanda privada en los países deudores se ha desplomado con el final del boom financiado por la deuda. Mientras tanto, el gasto del sector público también se está reduciendo drásticamente a causa de los programas de austeridad. Así que, ¿de dónde se supone que van a llegar el empleo y el crecimiento? La respuesta tiene que estar en las exportaciones, principalmente a otros países europeos.

Pero las exportaciones no pueden crecer mucho si los países acreedores también ponen en práctica políticas de austeridad, lo cual es bastante posible que lleve a Europa en su conjunto a una nueva recesión.

Además, los países deudores tienen que rebajar los precios y los costes respecto a los países acreedores como Alemania, lo cual no sería demasiado difícil si Alemania tuviese una inflación del 3% o del 4%, lo que permitiría a los deudores ganar terreno simplemente teniendo una inflación baja o nula. Pero el Banco Central Europeo tiene un sesgo deflacionista; cometió un terrible error subiendo los tipos de interés en 2008 justo cuando la crisis financiera cobraba fuerza y ha demostrado que no ha aprendido nada al repetir ese error este año.

En consecuencia, el mercado prevé ahora una inflación muy baja en Alemania -alrededor del 1% durante los próximos cinco años-, lo que conlleva una deflación considerable en los países deudores. Esto agravará sus crisis y aumentará la carga real de sus deudas, prácticamente garantizando el fracaso de todos los esfuerzos de rescate.

Y no veo el más mínimo indicio de que las élites políticas europeas estén dispuestas a replantearse su dogma de la moneda fuerte y la austeridad.

Puede que una parte del problema sea que esas élites políticas tienen una memoria histórica selectiva. Les encanta hablar de la inflación alemana de principios de los años veinte (una historia que resulta que no tiene nada que ver con nuestra situación actual). Pero casi nunca hablan de un ejemplo mucho más pertinente: las políticas de Heinrich Bruening, el canciller de Alemania entre 1930 y 1932, cuya insistencia en equilibrar los presupuestos y mantener el patrón oro hizo que la Gran Depresión fuese aún peor en Alemania que en el resto de Europa (y sentó las bases de lo que ustedes ya saben).

Bueno, yo no espero que algo tan terrible ocurra en la Europa del siglo XXI. Pero hay una distancia muy grande entre lo que el euro necesita para sobrevivir y lo que los dirigentes europeos están dispuestos a hacer o, incluso, a considerar. Y dada esa distancia, es difícil encontrar motivos para el optimismo.

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Última colaboración en La Opinión de Murcia en el espacio del Foro Ciudadano.

Hoy se cumplen diez días desde que, tras pasar el trámite en el Senado, quedara aprobada la propuesta de reforma del art. 135 de nuestra Constitución. Si el objetivo era calmar el ataque de los mercados a nuestra deuda soberana, poco hemos logrado desde entonces: la ya popular prima de riesgo no consigue bajar de los 350 puntos básicos.

La reforma, como argumentaré, es un grave error tanto en el fondo como en la forma. No me centraré en este último aspecto, sobradamente debatido: la reforma sin consulta de nuestra Carta Magna es un desprecio más a una ciudadanía que, desde el 15 de mayo, viene expresando en las calles su anhelo de una democracia más participativa. El rodillazo amplía un poco más la brecha entre la ciudadanía y sus representantes electos, envilece nuestra democracia y hace que propuestas como la del escaño 351 suenen a broma pesada.

El fondo de la reforma es más perverso. Al limitar el déficit estructural (que no tiene en cuenta los estabilizadores automáticos), se elimina la posibilidad de utilizar medidas fiscales discrecionales como contrapeso de la coyuntura económica, obligándonos por mandato constitucional a conducir con la dirección bloqueada por la carretera de curvas que es el ciclo económico. Esto es especialmente grave si recordamos que, con nuestra entrada en el euro, perdimos la autonomía para estimular la actividad mediante la devaluación de nuestra moneda o mediante la rebaja de los tipos de interés, que desde entonces vienen danzando al son de los intereses de Alemania, lo que contribuyó, por cierto, a crear nuestra burbuja inmobiliaria.

La reforma, además, ignora los desastrosos efectos de las subidas de impuestos a las clases menos pudientes y del recorte del gasto en situaciones de alto desempleo, como las llevadas a cabo en EEUU en 1932 y 1937. En su popular manual de macroeconomía, el profesor Mankiw citaba este caso concluyendo que “la mayoría de los economistas piensan que es improbable que se repitan los errores que provocaron la Gran Depresión”. Aún así los repetiremos. Otro ejemplo más reciente lo tenemos en las políticas contractivas de Japón en 1996, que acabarían de consolidar su década perdida. Un gasto público eficiente impulsa no solo la creación de riqueza, sino la recaudación impositiva presente y futura, y la retirada anticipada de estímulos ya está comprometiendo las posibilidades de crecimiento.

Lo que hoy se nos impone constitucionalmente es otra ración de la ideología de un pequeño aunque influyente grupo de pensadores que, desde los ochenta, vienen predicando el desmantelamiento de los servicios públicos amparados en argumentos tan jocosos como la supuesta eficiencia y racionalidad de los mercados. Se nos quiere hacer creer que el origen de la crisis está en el endeudamiento público y no en la insensatez de la banca, en su insostenible apalancamiento, en los perversos sistemas de incentivos y en la proliferación de derivados financieros propiciada por tres décadas de desregulación. Entre estos derivados destaca el papel de los seguros de cobertura contra el impago de la deuda (CDSs), que nos aseguran contra incendios en la casa del vecino, por lo que la tentación de prenderle fuego es notable. El premio Nobel Joseph Stiglitz lo resumió bien en Davos: "Los bancos asumieron riesgos excesivos. Los empresarios se endeudaron demasiado. Los reguladores permitieron todo eso. Y ahora los contribuyentes tienen que acudir para limpiar toda la basura, lo que disparará la deuda del Estado y acabará teniendo consecuencias sobre servicios públicos como la sanidad".

En España no somos ajenos a la embestida del pensamiento neoliberal, destacando esta semana las intencionadamente engañosas declaraciones de Esperanza Aguirre sobre la carga de trabajo de los docentes madrileños, que no tienen otro fin que abonar el terreno para futuros recortes de servicios básicos, ya con el beneplácito constitucional. Si algo ha quedado claro en los últimos quince años es que, pase lo que pase el 20-N, en ningún caso se va a actuar por el lado de los ingresos para revertir la tendencia cada vez más regresiva de nuestro sistema impositivo, aunque se nos quiera vender ahora un nuevo y cercenado impuesto sobre el patrimonio, con un irrisorio poder recaudatorio de 1.000 millones de euros anuales.

La ineludible cuestión que cabe plantearse es si teníamos alguna alternativa ante el acoso de los especuladores. Hace unos días, en su columna del NYT, el también Nobel Paul Krugman señalaba las enormes diferencias entre la complicada situación de Grecia, Portugal e Irlanda frente a la de Italia (con superávit primario) o España, cuyo volumen de deuda se sitúa, según el FMI, en el 67,5% del PIB, muy por debajo de Francia, Alemania y Reino Unido, que superan el 82%. El peligro se encuentra en que la presión especulativa sobre nuestra deuda ante el temor de un eventual impago pueda hacer subir los intereses de ésta hasta el punto en el que el impago se convierta en una realidad (la profecía autocumplida). Hubiese bastado con un compromiso inequívoco por parte del BCE de adquirir cuanta deuda fuera necesaria para aliviar la tensión sobre el tipo de interés y alejar el fantasma del impago. No veremos ese compromiso, pues el único objetivo del BCE es mantener la inflación a raya incluso en estos delicados momentos, a pesar de que destacados economistas, como el muy ortodoxo Kenneth Rogoff, hayan sugerido que darle a la máquina de hacer dinero e incrementar la inflación sería la vía menos dolorosa para solucionar los desajustes actuales. La alternativa de los eurobonos tampoco parece que pueda solucionar los problemas a corto plazo.

La reforma constitucional dictada a España por Merkel y Sarkozy supone, en definitiva, acabar de enterrar cuanto aprendimos de Keynes, que recomendaba “presupuestos equilibrados, no año a año, sino a lo largo del ciclo económico”, como recuerda su biógrafo Robert Skidelsky. Esto, unido a la incapacidad de nuestros gobernantes para atajar la especulación y el fraude fiscal solo puede hacernos esperar una crisis larga y dolorosa.

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No son dos horas

Ayer desmontábamos en este blog la hipocresía de Esperanza Aguirre al querer hacer creer a la opinión pública que las movilizaciones de Madrid tienen lugar porque se quiere hacer trabajar a los profesores 20 horas, confundiendo deliberada y malintencionadamente horario lectivo con horario laboral.

Hoy reproducimos un texto del blog Eso de la ESO donde Fernando J. López explica muy claramente los motivos de las movilizaciones en Madrid.

No son dos horas

Es admirable lo bien que funcionara la maquinaria propagandística de quienes ostentan el poder. Una maquinaria que ha convencido, en apenas unas horas, a gran parte de la opinión pública de dos hechos que son completamente falsos:

1. Se afirma que el horario actual de un profesor de Secundaria son 18 horas semanales, cuando es -en realidad- de 37,50 h. Contamos aquí -por supuesto- solo las horas legales, pero no las horas extra no remuneradas que muchos de nosotros dedicamos voluntariamente a otras tareas educativas, tales como actividades extraescolares, salidas, viajes, grupos de teatro, jornadas culturales, revistas escolares..., iniciativas que la Consejería no reconoce en modo alguno.

2. Se insiste en que nuestra protesta y la futura (posible) huelga se debe al aumento de 2 horas lectivas y se omite su verdadero móvil: el desmantelamiento de la educación pública.

Sobre esta segunda falacia, y dejando a un lado que una hora lectiva se multiplica por otras tantas horas de trabajo fuera del aula, solo haré algunas puntualizaciones (a las que seguro que mis compañeros pueden aportar muchas más...):

1. No nos quejamos por 2 horas más, pues muchos de nosotros ya dábamos 19, 20 o incluso 21 horas lectivas en cursos anteriores. Somos conscientes de la crisis (es triste tener que volver a recordar que asumimos un notable recorte salarial hace solo unos meses) y por ello mismo, muchos -por no decir todos- estamos dispuestos a asumir ese aumento de horas siempre que se respeten las plantillas y los cupos de profesores actuales. Así, por ejemplo, si en mi centro todos aumentamos 2 horas lectivas pero no se recortan los 10 profesores que han sido suprimidos, podremos hacer desdobles, grupos flexibles, clases con menos alumnos y atender, en definitiva, a nuestros chicos con la dignidad y la dedicación que merecen.

2. El motor de la protesta no es, por tanto, el aumento de horas, sino el recorte de profesores. Recorte que supone dejar en la calle a más de 3000 docentes y hacinar a los alumnos en aulas que superarán, con creces, los 30 alumnos por grupo.

3. Nuestro objetivo no son esas dos horas, nuestro objetivo es defender la enseñanza pública, que se está viendo atacada de modo salvaje y tenaz, con medidas como las siguientes (solo son un tímido extracto de lo que está ocurriendo):

- Recorte de casi 100 millones de euros en la pública (la Consejería admite, al menos, 80 mill €);

- "Regalo" fiscal de 90 millones de euros a la privada (a través de desgravaciones a quienes puedan pagarse allí la matrícula de sus hijos);

- Supresión de las tutorías que dejan de ser hora computable para profesores y alumnos y quedan al libre albedrío del centro, con el consiguiente perjuicio de las familias más desfavorecidas;

- Supresión de plazas para nuevos alumnos en FP, EOI, Artes musicales y escénicas..., convirtiendo la enseñanza profesional, de idiomas y artística en un reducto que acabará siendo exclusivo de aquellos que puedan pagarse esa formación;

- Supresión de refuerzos, desdobles, orientadores y profesores de Compensatoria (en mi instituto no habrá ni uno solo este año, por ejemplo), lo que más allá de exigir que cada profesor atienda a más 30 alumnos por clase, perjudicará tanto a quienes destaquen por sus altas capacidades como a quienes tengan problemas por lo contrario: todos deberán estar en el mismo grupo al no haber profesores suficientes en el centro para dividirlos por niveles; etc.

Por supuesto, se puede estar o no de acuerdo con estos motivos. Se puede estar o no de acuerdo con nuestra huelga. Se puede estar o no de acuerdo con nuestra lucha por la educación pública. Pero, más allá de la necesaria -y sana- diversidad de opiniones en que se basa toda democracia, no se puede mentir y afirmar que nuestra protesta se hace por un motivo que no es -ni mucho menos- el que nos ha hecho unirnos a padres, alumnos y profesores -de todo tipo de ideologías- por un fin común. Un fin que, desde luego, no son esas 2 horas (¿alguien cree, de veras, que toda la comunidad educativa se levantaría en armas solo por algo así?), sino el desmantelamiento progresivo -y alarmante- de un pilar de toda sociedad: la educación pública.

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Esperanza, Esperanza... ¿Cómo puedes ser tan hipócrita? ¿Cómo puedes decir que "la mayoría de los madrileños trabaja más de 20 horas" en referencia a las protestas de los docentes madrileños por la ampliación de su jornada lectiva que va a suponer en torno a 3.000 despidos?

Estas declaraciones falsas y malintencionadas no tienen otro objetivo que crear malestar en la sociedad hacia la figura del docente. Sepan los lectores que los profesores, además de las horas de docencia directa, deben dedicar horas a hacer guardias, tutorías a alumnos, atención a padres, preparación de aulas y laboratorios, reuniones de coordinación con los compañeros de grupo y de departamento, corrección de trabajos y exámenes, organización de extraescolares, sesiones de evaluación, claustros... y por supuesto, preparar las clases y los materiales didácticos y mantener sus conocimientos actualizados. Sumen todo esto y les aseguro que salen bastantes más de 40 horas semanales.

Flaco favor hacen estas venenosas declaraciones a la dignificación y el reconocimiento social de la labor docente.

Aguirre, a los docentes: "La mayoría de los madrileños trabaja más de 20 horas"

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Una décima parte de los Diputados o de los Senadores puede solicitar un referéndum vinculante sobre el establecimiento de un límite al déficit público

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha hecho un anuncio inesperado este martes en el pleno extraordinario: reformar la Constitución para introducir un límite al déficit público.

El límite al déficit no es algo abstracto: es lo que va a determinar que tengas o no acceso a la educación o a la sanidad, entre otras muchas cosas. Limitar el déficit es limitar la inversión en la sociedad. Con esto, el Gobierno podrá dejar a personas como tú en la cuneta. Pero podemos detener esta iniciativa.

La Constitución no exige que esta modificación sea aprobada por referéndum vinculante. Para que los ciudadanos seamos consultados sobre esta cuestión fundamental que va a afectar al resto de nuestras vidas es necesario que una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras lo solicite tras su aprobación en el Congreso y el Senado.

Los ciudadanos debemos poder votar en un asunto tan fundamental como este. Pide a los Diputados y Senadores de todos los grupos políticos que se comprometan a solicitar la celebración del referéndum para su ratificación como permite la Constitución en su artículo 167.3.

Es muy importante que se movilice la población para que se exija que una medida de tal envergadura se vote en referéndum por la población española. Esta medida afectaría muy negativamente al Estado del Bienestar español que está hoy financiado predominantemente a nivel de las CCAA. Limitar su gasto implica limitar el poco desarrollado Estado del Bienestar.

Animo a mis amigos del movimiento 15-M, así como a todos los demócratas en España a que se movilicen. La democracia española es de las menos participativas de las existentes en la Unión Europea y es escasamente democrático que una medida de tal envergadura se apruebe por las Cortes Españolas sin haber sido consultado el pueblo español.

Esta medida puede significar un ataque frontal al Estado del Bienestar español que tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea. Aunque se habla genéricamente de gasto público, la realidad es que este gasto constituye la mayoría del gasto público y los recortes que se han hecho han sido predominantemente en las pensiones y en el empleo de los servicios del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social, pensiones de vejez y otras, así como otros componentes del Estado del Bienestar.

FIRMA LA PETICIÓN VISITANDO LA WEB DE ACTUABLE.ES

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Después de muchos meses de forzada inactividad en este blog, quiero retomar el viejo debate sobre la reforma del acceso a la función pública docente, esto es, de las oposiciones a maestro o profesor.

A lo largo de estos últimos años he mostrado mi disconformidad con el actual sistema, sesgado en favor de una minoría, que deja sin posibilidades reales de acceso al profesorado interino más joven y a los nuevos aspirantes a docentes, por muy capacitados que éstos estén.

Hoy el debate vuelve a estar vivo por el anuncio del Ministerio de Educación de modificar el sistema de acceso a través de un borrador que parece no haber gustado nada a una parte del personal interino ni a la mayoría de sindicatos. Tras haberlo estudiado y recoger opiniones en distintos foros, ésta es mi humilde opinión acerca del mismo:

El debate sobre la reforma del acceso es agrio en cuanto que se trata de un juego de suma cero, esto es, para mejorar las posibilidades de acceso de unos (en este caso el opositor neófito), deben empeorarse las del personal interino, gran beneficiario del sistema transitorio que tenía el muy loable objetivo de consolidar los puestos de trabajo de estos profesionales y reducir la precariedad del colectivo. Sin embargo, no deberíamos perder de vista que el objetivo final de la reforma debería ser lograr un sistema estable que seleccione a los mejores profesionales y que los principios de igualdad, mérito y capacidad que expresa la ley no queden en meras palabras.

Mi opinión, y así lo ha venido manifestando hace tiempo a Asociación Cualificación y Acceso Docente, es que debemos avanzar a un sistema de acceso más equilibrado para todas las partes, lo que incluye al sistema de confección de listas de interinos en las distintas comunidades autónomas, otra cuestión muy polémica. A lo largo de los últimos años he sido opositor e interino no preferente, en paro a veces y precario en otras. Ahora, como funcionario de carrera, trato a diario con todos estos colectivos, por lo que creo que puedo hacer una aportación no sesgada al debate.

Respecto al sistema de oposición, aquí van algunas valoraciones:

• Creo positivo que se recupere el ejercicio práctico para todas las especialidades y el carácter eliminatorio de las pruebas. En caso contrario, es sencillo superar la oposición teniendo grandes lagunas de conocimientos, como expliqué en el post que arriba enlazo.

• Cambiar el desarrollo del tema por 10-15 preguntas cortas también es positivo, en cuanto permite una vez más conocer si el opositor domina globalmente la materia. Se ha dicho que esto puede dar lugar a filtraciones, pero esas filtraciones actualmente también pueden darse en el ejercicio práctico, por lo que la solución no está en renunciar a esta posibilidad, sino en adoptar los mecanismos necesarios para evitar esas eventuales filtraciones.

• También merece una valoración positiva la reforma de la prueba oral, para que ésta incluya una batería de supuestos prácticos que valoren la capacidad didáctica del opositor. En los últimos años he podido comprobar cómo el actual sistema de acceso incentiva al opositor a reproducir mecánicamente una programación y una unidad didáctica preparadas en la academia de opositores sin necesidad de tener el más mínimo conocimiento de didáctica. Esta reforma, por cierto, beneficiaría al profesor con experiencia real en las aulas.

• El baremo (fase de concurso) es otro de los puntos candentes de la reforma. Discrepo con la posibilidad de que la experiencia en centros privados se valore igual que en los públicos, en tanto que el acceso a los primeros no se guía en ningún caso por principios de igualdad. Tampoco creo acertado que se pueda alcanzar el 100% de la puntuación en el concurso sin tener experiencia docente. En definitiva, debería mantenerse un sistema de baremación similar al actual, pero donde la experiencia pudiera suponer como máximo 4 o 5 puntos y no los 7 de la actual disposición transitoria, y en el que no dejen de valorarse las actividades formativas a través de organizaciones sindicales, centros de formación de profesores, formación académica adicional o en idiomas, excelencia académica, etc.

Para no extenderme mucho más, creo en resumen que el Ministerio de Educación y las organizaciones sindicales deberían adoptar una actitud valiente y negociar un sistema que dé oportunidades a tod@s, valorando (como no puede ser de otra manera) la experiencia docente previa, pero posibilitando también a los nuevos opositores mejor formados el acceso.

Un problema que, en mi opinión, vienen mostrando todos los sindicatos de enseñanza desde las reformas de 2004 es su falta de visión a medio y largo plazo: se ha cedido a las presiones legítimas de una minoría (la que puede ejercer el derecho a voto en las elecciones sindicales) abandonando a su suerte a los jóvenes aspirantes a docentes. No es consistente que se defienda la educación pública como vehículo para la igualdad de oportunidades mientras esta igualdad de oportunidades se niega sistemáticamente a los jóvenes aspirantes a docentes. No deberíamos olvidar que más tarde o más temprano estos jóvenes acabarán accediendo al sistema y sabrán recompensar o castigar el apoyo que recibieron por parte de los sindicatos.

Considero, en definitiva, que éste es un buen momento para que las organizaciones sindicales que participan en la negociación del sistema de acceso muestren una mayor amplitud de miras que, a largo plazo beneficiará no solo la calidad de la educación y a la dignificación del oficio, sino también a la percepción ciudadana de los sindicatos como organizaciones al servicio de toda la ciudadanía, y no solo de una minoría.

Buen verano.

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